Guanajuato, según esa base de datos, era un territorio libre de desapariciones, una tierra en donde se encontraba a casi todos. ¿Cuándo y por qué esa burbuja explotó y en el estado se instaló una crisis humanitaria con poco más de dos mil 600 personas que continúan desaparecidas hasta mediados de mayo de 2022?
Por Verónica Espinosa, Gabriela Montejano, Melissa Esquivias y Alfonsina Ávila
Guanajuato, 24 de mayo (A dónde van los desaparecidos).- Son las siete de la noche y todo está listo: la oración por la paz, las flores blancas para las familias de las personas desaparecidas, las cruces de madera con el nombre grabado de quienes han sido asesinadas y la lista de ausentes a quienes se dedica esta misa. Después de una hora, al final de la liturgia, el sacerdote nombra a cada una de las mujeres y hombres que están desaparecidos. Se escuchan 72 nombres, sus edades van de los 14 a los 41 años. Algunos llevan, por lo menos, cuatro años en ese registro; otros se sumaron en el último mes.
En esta parroquia de San Isidro Labrador, en Acámbaro, Guanajuato, la letanía de nombres de personas desaparecidas se oye los últimos viernes de cada mes. Este ritual se realiza desde 2017, año en que comenzaron las misas callejeras por la paz en la colonia San Isidro Labrador, al sur de la ciudad. La pandemia de la COVID-19 —también el aumento de la violencia— llevó a que esas misas se instalaran en la iglesia.
El sacerdote Rigoberto Beltrán, entonces párroco del templo, fue quien impulsó esas particulares misas: “Personas en pleno día eran secuestradas, desaparecidas… No podíamos permanecer solamente viendo o acostumbrándonos a esto… La cantidad de personas que habían sido violentadas nos sorprendió, resultó que había más de las que nos imaginábamos”.
En Acámbaro, como en todo Guanajuato, comenzó a nombrarse a los desaparecidos poco a poco. Las familias de las víctimas han revelado sus casos para acompañarse, para vencer el miedo y, sobre todo, para enfrentar la indiferencia de autoridades de todos los niveles que, por lo menos, durante una década han buscado minimizar y ocultar las cifras de personas desaparecidas en el estado.
Si se habla de la desaparición de personas, el caso de Guanajuato es singular. Los mismos datos oficiales muestran una paradoja: es una entidad que, desde 2007 y hasta 2017, presentó un alto número de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas; incluso, la cifra es mayor que la de Tamaulipas, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa o Jalisco.
A diferencia de esos estados, en Guanajuato llama la atención un dato casi milagroso: se encontró con vida a poco más del 90 por ciento de esas personas, de acuerdo con la base de datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces Procuraduría General de la República. Esa base es, hasta ahora, la única del Gobierno de acceso público, sobre reportes de personas desaparecidas o no localizadas que permite conocer cifras acumuladas desde diciembre de 2006 hasta abril de 2018.
Guanajuato, según esa base de datos, era un territorio libre de desapariciones, una tierra en donde se encontraba a casi todos. ¿Cuándo y por qué esa burbuja explotó y en el estado se instaló una crisis humanitaria con poco más de dos mil 600 personas que continúan desaparecidas hasta mediados de mayo de 2022?
A lo largo de los cuatro capítulos de este texto se develan algunas de las acciones que se utilizaron para maquillar las cifras y ocultar la realidad.
CAPÍTULO I
El año en que los datos caen
Cuando el sexenio del Presidente Felipe Calderón y su llamada “Guerra contra el narco” llevaba tres años en marcha, la desaparición de personas iba en aumento en estados norteños como Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas. En el bajío el tema no estaba en la agenda. Ni siquiera comenzó a nombrarse cuando, a principios de julio de 2009, las autoridades estatales informaron que en una casa de la comunidad La Cuevita, en Apaseo El Alto —municipio que forma parte del corredor industrial del estado— se encontraron osamentas de, por lo menos, 14 personas.
Personal de la Fiscalía estatal aseguró que el lugar era una de las casas de seguridad de un grupo relacionado con Los Zetas, organización con presencia documentada en el estado desde un año antes y en pugna territorial con La Familia Michoacana.
Pese a la evidencia, el Gobierno local negó por años que en Guanajuato existieran fosas clandestinas.
El 2009 también marcó el comienzo de una nueva etapa para Carlos Zamarripa Aguirre. En febrero, el licenciado en derecho por la Universidad de la Salle Bajío alcanzó el más alto puesto en su carrera. El Gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez lo nombró titular de la Procuraduría General de Justicia del estado.
Zamarripa comenzó su carrera “desde abajo”. En 1994 ingresó a la procuraduría y ahí ocupó varios cargos: oficial ministerial, agente de Ministerio Público, director de averiguaciones previas (2002-2005), coordinador de la Policía Ministerial (2005-2007) y titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada, área que —en teoría— se creó para enfrentar a la Familia Michoacana y a Los Caballeros Templarios, grupos que empezaban a tener presencia en el estado.
La llegada de Zamarripa a la procuraduría se notó en varios frentes, entre ellos en los datos. Fuentes que trabajaron ahí y aceptan hablar bajo anonimato aseguran que una de las primeras acciones de Zamarripa fue desaparecer el área encargada de la evaluación mensual de las subprocuradurías. Eso tuvo un impacto en el registro de los delitos.
En la base de datos del Cenapi llama la atención que, en el caso de Guanajuato, los reportes de personas no localizadas o desaparecidas se desplomaron en 2010: se tienen 282, una baja abrupta del 76.6 por ciento, si se compara con las mil 206 registradas en 2009.
En los reportes de personas no localizadas o desaparecidas de 2010, registrados en la base de datos del Cenapi, no hay ni uno que corresponda al municipio agrícola de Manuel Doblado, pese a que sí hay personas a las que se les desapareció en ese año y en ese lugar. Una de ellas es José Gabriel Sánchez González.
“Apenas empezaba lo de las desapariciones”
La última vez que Cecilia Ortíz miró a su esposo, José Gabriel, aún no daban las siete de la mañana del domingo 7 de noviembre de 2010.
En el municipio de Manuel Doblado, que comparte frontera con el estado de Jalisco, José Gabriel salió de su casa rumbo a su negocio de mariscos. Horas después, dos policías de tránsito llegaron a la casa de Cecilia para informarle que el automóvil en el que viajaba su esposo —Chevy, color verde escarcha— había sido localizado en un camino de terracería cerca de la comunidad Guayabo de Santa Rita.
Once años después, Cecilia recuerda ese momento con nitidez: “Incrédula, les dije que mi esposo estaba trabajando… Les pregunté si en el auto había un asiento para bebé. Me dijeron que sí. En ese momento, ya creí”.
Los policías sólo le informaron dónde estaba el Chevy, pero no dieron ningún dato sobre José Gabriel, entonces de 47 años y padre de dos niñas. Cuando Cecilia fue a revisar el automóvil miró un impacto de bala en el tablero y casquillos en el lado del copiloto.
Cecilia buscó a su esposo en hospitales y en la agencia del Ministerio Público; ahí, mientras tomaban su declaración, el agente Juan Pedro Gaspar Melo Cabrales y la secretaria le decían:
“Seguro su esposo se fue por ahí. Ya regresará más tarde.”
“Usted es muy joven para estar con él.”
“Tal vez está en Garibaldi, tomándose unos tequilas. Al rato regresa.”
Fue dos meses después, cuando el agente del ministerio público le informó que en Irapuato —a hora y media de distancia— una mujer denunció la desaparición de su hijo y, al hacerlo, dio información sobre José Gabriel.
La mujer dijo que su hijo participó, junto con otros hombres, en la privación de la libertad de José Gabriel, pero tiempo después se peleó con sus cómplices y por eso ahora ella sospechaba que a él lo hubieran desaparecido.
En su declaración, dice Cecilia, la mujer también dio datos sobre el lugar en donde habían dejado el cuerpo de José Gabriel. “Nunca se le buscó. Apenas empezaba lo de las desapariciones y como que ellos [las autoridades] miraban que no era algo importante”.
Cuando Cecilia insistió en la búsqueda, le dijeron que el caso se había enviado a otra agencia del Ministerio Público y reclasificado como “homicidio calificado”. Sin embargo, en los datos sobre muertes por homicidio del INEGI tampoco hay casos en el municipio de Manuel Doblado para 2010.
Hasta ahora, José Gabriel sigue desaparecido de su vida cotidiana. También de las estadísticas.
Más de 60 migrantes
Uno de los primeros esfuerzos para mostrar la dimensión de la desaparición de personas en Guanajuato lo realizó Fabrizio Lorusso, académico de la Universidad Iberoamericana León e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. En 2010 —dice— ya habían casos de personas desaparecidas, pero la autoridad los minimizaba, no les daba importancia, “sólo se hablaba del tema económico y de desarrollo”.
La idea de que las desapariciones sólo ocurrían en el norte del país, y que Guanajuato estaba exento de ese crimen, se instaló aún más cuando dos grupos de guanajuatenses fueron desaparecidos en eventos distintos ocurridos en Zacatecas y Tamaulipas.
El 6 de diciembre de 2010, diez hombres que practicaban cacería cinegética viajaron de León al municipio serrano del Plateado de Joaquín Amaro, en Zacatecas. Fue ahí donde policías municipales los detuvieron y entregaron a un grupo delictivo. Eso se supo porque los más jóvenes del grupo fueron liberados. Ocho aún están desaparecidos.
Tres meses después, el 21 de marzo de 2011, un grupo de 23 hombres originarios de San Luis de la Paz —municipio al noreste de Guanajuato y uno de los principales expulsores de migrantes— abordaron dos autobuses hacia Monterrey, de donde se dirigirían a Camargo, Tamaulipas, para cruzar a Texas. Diecisiete salieron en un camión alquilado por el pollero que los acompañaba; los otros cinco abordaron un autobús comercial. Ninguno llegó a Estados Unidos, todos desaparecieron.
En 2012, en una fosa de San Fernando, Tamaulipas, se encontró el cadáver de uno de los 23.
“Nos organizamos por la negligencia de las autoridades”, recuerda Evelina Guzmán, actual vocera de Justicia y Esperanza, colectivo integrado en 2011; el primero en reunir a familiares de personas desaparecidas en Guanajuato, el primero en realizar tareas de búsqueda en vida. Y el primero en lidiar con la indiferencia de autoridades de todos los niveles.
Evelina Guzmán no olvida que fueron las mismas autoridades municipales las que les aconsejaron que no denunciaran, porque era muy peligroso. “Nos advertían como si trataran de intimidarnos… Ni siquiera nos recibieron [en la capital del estado] las dos primeras denuncias que intentamos presentar”.
Tras mucha presión de las familias organizadas y casi un año después, el gobierno abrió una carpeta de investigación por la desaparición de los migrantes. Desde entonces, el colectivo ha corroborado que es en la fiscalía donde comienza “el proceso para silenciar” las desapariciones de personas.
El hallazgo de las fosas de San Fernando destapó que la procuraduría de Guanajuato tenía 60 denuncias de personas desaparecidas originarias de los municipios de Tierra Blanca, San Felipe, Irapuato, Valle de Santiago, Celaya y Salamanca, como reconoció en un comunicado oficial y en donde no se mencionó a los migrantes de San Luis de la Paz.
Hace tiempo que Evelina está convencida de la colusión de policías municipales de Guanajuato con grupos delincuenciales. Cuando hoy se le pregunta qué piensa de la evolución de las desapariciones en Guanajuato, dice: “Al Gobierno no le convenía que se supiera que había desapariciones”.
En la base de datos nacional del Cenapi ni siquiera hay registro de algún grupo de hombres originarios de San Luis de la Paz, Guanajuato, desaparecidos en marzo o abril de 2011.
Ese 2011, los reportes sobre desapariciones o no localización de personas en Guanajuato, reflejados en la base del Cenapi, recobraron el ritmo que llevaban en 2009: entre mil y mil trescientos al año, antes de la caída súbita que se tuvo cuando el procurador realizó cambios que impactaron los registros. Así siguió hasta 2012.
A partir de 2013 y hasta el 2015 esos números se incrementaron.
Desaparecer también en las estadísticas
Carlos Zamarripa fue ratificado como procurador de Guanajuato durante el Gobierno de Miguel Márquez Márquez (2012-2018), quien fue su compañero en la Universidad La Salle. Fue en ese sexenio cuando la violencia y la presencia del Cártel Santa Rosa de Lima —conocido por controlar el robo de combustibles— comenzaron a ser más evidentes. Fue en esa administración cuando las autoridades estatales negaron con mayor vehemencia la existencia de los desaparecidos.
En octubre de 2014, Márquez Márquez afirmó: “A muchos de ellos no se les puede considerar desaparecidos. Algunos de ellos se fueron con la novia, otros se fueron a trabajar a Estados Unidos y no avisaron; algunos cambiaron de residencia”.
Si se revisa la base de datos del Cenapi —nutrida con información de cada fiscalía estatal— es posible observar que para 2014, en Guanajuato se reportaron 2,115 personas no localizadas; de ellas poco más del 95 por ciento (2,023) fueron reportadas como “halladas con vida”, 51 encontradas muertas y sólo 41 como no localizadas.
En estricto sentido, de acuerdo con la base de datos, el panista no mentía. Pero, ¿cómo fue que mientras en el país, en ese 2014, de cada 100 personas reportadas como desaparecidas, 67 eran localizadas con vida, en Guanajuato se encontraban a casi todos? ¿Cuál era su estrategia?
Estas son las palabras de un exministerio público que trabajó en la procuraduría estatal en esos años, y que aceptó hablar sobre el tema sin que se publicara su nombre:
—Cuando alguien se presentaba a denunciar a una persona como desaparecida, la verdad es que no se hacía nada. En muchos casos, se le decía: “No denuncie, va a ver que en 24 horas va a aparecer”. La realidad es que no se investigaba nada. Se esperaba a que pasaran las 24 o 48 horas a ver si ya se había reportado con la familia, siempre se esperaba a ver si aparecía…
—¿No se levantaba la averiguación previa?
—Todo era a criterio del Ministerio Público. En muchos casos nada más iniciaban un acta circunstanciada. Muchas veces, la realidad, es que a las 24 horas aparecía la persona. Muchos sí regresaban… Cada 15 días se rendía una estadística y se informaba cuántas denuncias se habían iniciado por robo de vehículo, por robo a casa habitación, por homicidio, por desapariciones. Pero sólo era un número más, no se daba un seguimiento… Sí se llevaba un registro de personas desaparecidas; los datos los registraba la secretaria del director de averiguaciones previas… Pero no se daba seguimiento, no había investigación.
—¿Y qué pasaba con las denuncias?
—En todas se giraba un oficio de investigación. Lo que hacían los ministeriales era que hablaban por teléfono y preguntaban: “¿Oiga, ya apareció?”… sus oficios de respuesta, pues todos eran positivos (que la persona había sido localizada).
—¿Y en aquellos casos donde no aparecía la persona?
—A los 15 días, la denuncia se reservaba y ahí se dejaba. Si se veía que después de ese tiempo el familiar insistía, era porque la persona aún no aparecía. Pero si el familiar ya no regresaba, la denuncia se reservaba, pasaba al archivo muerto.
—¿También desaparecía de la estadística?
—Exactamente.
En Guanajuato —dice otro exfuncionario de la entonces procuraduría— no se investigaron ni se investigan las desapariciones para no admitir que es un Estado fallido.
Después de ocupar varios cargos en la procuraduría y en la Fiscalía estatal, en junio de 2018, Yolanda Ramírez Domínguez fue nombrada como titular de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares en Guanajuato. Cuando aún ocupaba ese puesto —lo dejó en marzo de 2022— se negó a hablar sobre cómo se integró la base de datos de personas desaparecidas y no localizadas antes de la creación de la fiscalía especializada.
CAPÍTULO II
Feminicidios y desaparición
Verónica Cruz Sánchez, fundadora y directora de Las Libres, recuerda que en el 2000 llegaron a la oficina de la organización varias mamás que buscaban a sus hijas desaparecidas. Por lo menos eran cuatro y todas vivían en la colonia 10 de mayo, en el municipio industrial de León, estudiaban en la misma secundaria y desaparecieron en las mismas calles.
“Fue algo raro, algo que no se veía en León ni en Guanajuato”, comenta. Las mamás investigaron y lograron dar con las estudiantes. Quienes se las llevaron las tenían trabajando en un bar de San Francisco del Rincón.
Entre 2000 y 2010, las Libres acompañaron a otras madres de jóvenes desaparecidas. Cruz recuerda que en esos años encontraron a algunas; incluso, identificaron un modus operandi: hombres, de entre 40 a 50 años, las enamoraban y se las llevaban.
“Las madres ponían la denuncia en la entonces procuraduría; ahí (las autoridades) actuaban rapidísimo porque las familias y nosotras estábamos detrás. A varias mujeres —asegura Cruz— las encontraron en el Estado de México”.
Cuando se analiza la base de datos del Cenapi es posible mirar que en Guanajuato, entre 2013 y 2015, los reportes de mujeres no localizadas o desaparecidas aumentaron en forma considerable. En 2013, por ejemplo, se presentaron 972 reportes, 281 más de los que se tuvieron un año antes, lo que equivale a un incremento del 40.6 por ciento. Según esos datos, a 967 (99 por ciento) se les localizó con vida, a tres se les encontró muertas y sólo dos no fueron halladas.
Fue el 13 de julio de 2013, en su traslado de León a su trabajo en Lagos de Moreno, en Jalisco, cuando Ana Belém Arenas Rosas desapareció. Tenía 25 años. Su padre presentó denuncias en ambos estados. Después de dos años se enteró de que, en Jalisco, todo ese tiempo la carpeta de investigación estuvo en los expedientes de personas “accidentadas”, por lo que no se investigó su desaparición.
Datos que Las Libres han reunido, a partir de documentación periodística, muestran que entre 2003 y 2019, 53 mujeres fueron reportadas como desaparecidas y después encontradas muertas en Guanajuato. En esa fatal estadística está Diana Lizeth Fernández Prieto. Ella dejó su natal Ciudad Juárez para vivir en León, con su pareja, Cristóbal.
La última vez que a la joven de 29 años se le miró fue el 23 de marzo de 2018, en su casa de la colonia Santa María del Granjeno, en León. Ese mismo día, Cristóbal entró al lugar y no se le vio salir. Por los videos de las cámaras de seguridad de la zona, que lo incriminaron, el hombre fue sentenciado a 35 años de cárcel por desaparición. Él apeló la sentencia y ganó.
“El señor está libre y sólo se está burlando de la justicia. No me dice qué hizo con mi hija ni dónde la dejó o qué fue de ella”, reclama Norma Prieto, madre de Diana.
Se rompe el “estado perfecto”
Guanajuato ha sido uno de los varios lugares en donde Emanuela Borzacchiello, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la UNAM, ha puesto su mirada para estudiar los contextos en que se desarrollan las dinámicas de violencia contra las mujeres. Ella ubica que, entre 2009 y hasta 2013, Guanajuato fue un territorio de tránsito para los grupos del crimen organizado. “Parecía un estado perfecto”, dice.
La investigadora recuerda los planes políticos de Márquez Márquez, gobernador hasta 2018: él buscaba lanzarse como candidato del PAN a la Presidencia de la República. Ese factor, considera, contribuyó a que se tratara de ocultar las desapariciones y otras violencias que se gestaban y crecían en la entidad.
En 2014, por ejemplo, empieza a tener mayor presencia el Cártel Santa Rosa de Lima, el cual nació en el municipio de Villagrán.
Para Borzacchiello es en 2015 cuando se hace más evidente que muchos pactos se rompen y se establecen nuevas alianzas entre los grupos criminales. Raymundo Sandoval, académico de la Universidad Iberoamericana León e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, también ubica el 2015 como el año en que se incrementa la violencia en el estado, en especial en la región del corredor industrial, que incluye a los municipios de Celaya, Apaseo El Grande, Apaseo El Alto, Villagrán, Cortazar, Salamanca, Irapuato, León y Silao.
En la base de datos del Cenapi se refleja lo dicho por los académicos: A partir de 2015, Guanajuato deja de ser el lugar en donde se encuentra a todo mundo, el porcentaje de personas que no se localizan empieza a crecer.
Desaparecer, aparecer, desaparecer…
León es uno de los municipios más poblados del país (poco más de un millón 700 mil habitantes, según el censo de 2020); también es el que, a nivel nacional, presentó el mayor número de mujeres (dos mil 045) reportadas como no localizadas o desaparecidas, entre diciembre de 2006 y abril 2018, de acuerdo con la base del Cenapi. A la mayoría de ellas (dos mil 023) se les localizó vivas. Ese dato, que a simple vista parecería exitoso, podría ocultar una tragedia.
“Cuando miras las estadísticas y observas que hay un número muy alto de mujeres adolescentes localizadas, parecería que todo está bien. Pero, no”, remarca Emanuela Borzacchiello.
La investigadora llama la atención de un fenómeno que comienza a estar cada vez más presente en lugares como Guanajuato y que, desde la academia, ya se nombra como la “desaparición intermitente”: mujeres jóvenes que desaparecen por periodos cortos —entre 72 horas y máximo 15 días— y que aparecen; pero después vuelven a desaparecer.
“Los Ministerios Públicos, muchas veces, estigmatizan a las mujeres, sobre todo a las más jóvenes. Cuando desaparecen por primera vez, dicen que se fue con el novio. Y por eso, luego no registran una segunda desaparición… Si la primera vez no le creen a la familia; imagínate en una segunda denuncia”, enfatiza la doctora en ciencias políticas.
Por ello, dice Borzacchiello, es que cuando se documenta que una persona es “localizada con vida” debe investigarse qué pasó durante los días en que estuvo desaparecida y registrar esa información. Sobre todo porque algunas de las desapariciones podrían estar ligadas con grupos que esclavizan a las mujeres para utilizarlas en todas las cadenas del crimen organizado: “Es la máxima expresión de una violencia en un contexto neoliberal, porque es la explotación de los cuerpos a lo máximo… las desaparecen hasta que les sirven sus cuerpos para varios negocios criminales. Y luego ellos deciden en qué momento volver a usarlas y esclavizarlas. Son adolescentes que sufren múltiples violencias.”
En la base Cenapi-PGR, las autoridades debían registrar la posible causa de la desaparición, por lo menos así tenía que ser cuando la persona era encontrada con vida o fallecida. La realidad es que esos datos se ignoraron: apenas 10 estados anotaron esta información en el 50 por ciento o más de las desapariciones.
La única fiscalía que sí lo hizo en más del 92 por ciento de los casos reportados como localizados fue la de Guanajuato. Sin embargo, lejos de aportar pistas para entender por qué desaparecía la gente, sus registros recuerdan los formatos burocráticos que repiten oraciones escuetas y estigmatizantes; frases muy similares a las que madres o padres escuchan cuando van a denunciar la desaparición de una hija: “Se fue con el novio”.
La macrocriminalidad en Guanajuato
Nueve años después de la desaparición de su gente camino a la frontera, hasta junio de 2020, Evelina Guzmán y las otras familias de los migrantes que integran el colectivo Justicia y Esperanza lograron tener acceso a los nueve tomos que integran la investigación que se abrió en Guanajuato (hay otro proceso que se sigue a nivel federal).
“Pensamos que, si el expediente era tan grande, habían investigado algo; pero no”. Evelina describe que el expediente estaba arrumbado y empolvado en la unidad de homicidios de Irapuato.
Cuando comenzaron a leer las miles de hojas se asombraron al ver que en el mismo expediente integraron casi 60 casos más de personas migrantes originarias de distintos municipios de Guanajuato y que, al igual que los hombres de San Luis de la Paz, desaparecieron cuando viajaban a Estados Unidos entre 2010 y 2013.
“Son casos que jamás se estudian, jamás se analizan, jamás tienen una propuesta real de investigación y por eso se quedan abandonados en un cajón. No se investigan estos delitos de macrocriminalidad”, señala la abogada Yesenia Valdez Flores, de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), organización de la sociedad civil que desde hace diez años acompaña a las integrantes del colectivo de San Luis de la Paz.
La abogada no es la única en hablar de macrocriminalidad cuando se refiere a la desaparición de personas. También lo hacen otros académicos consultados.
Fabrizio Lorusso ubica el 2016 como el año en que Guanajuato comenzó a presentar lo que en otros estados se vivió a partir del sexenio de Felipe Calderón: “Las redes macrocriminales fueron toleradas y eso se nutre con el incremento de las desigualdades de todo tipo”.
Es en 2016, dice, cuando la desaparición de personas se dispara en Guanajuato. Ese año se hace más evidente el conflicto entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación, así como la presencia de otros grupos delictivos. Además, se incrementa la militarización en el estado.
El investigador Luis Daniel Vázquez, autor de libros como Captura del Estado, macrocriminaidad y derechos humanos, ha escrito que las redes de macrocriminalidad se caracterizan por “cometer distintos tipos de delitos (desapariciones, extorsiones, homicidios, trata de personas, narcotráfico), hacerlo en una región territorialmente amplia y estar conformada por tres estructuras: la criminal, la empresarial y la política”.
CAPÍTULO III
Alertas que no se escucharon
A las dos de la mañana del 27 de septiembre del 2016, un grupo de hombres ingresó a las instalaciones del Centro Las Joyas de León, A.C. y sacó de ahí a nueve mujeres. En un inicio, los encargados de ese centro de rehabilitación de adicciones denunciaron que se trataba de privaciones ilegales de la libertad. Horas después, el entonces director de la policía municipal, Oswaldo Jiménez Arcadia, informó que las mujeres habían dejado el centro por su propia voluntad. Nadie investigó lo que realmente sucedió.
En Guanajuato, como en otros estados del país, a esos centros se les ha vinculado con la desaparición de personas.
La última vez que se tuvo noticias de Cristina Torres Sánchez, enfermera originaria de León, fue justo cuando estaba internada en un anexo, como también se les conoce a estos lugares.
A los 20 años, Cristina conoció a José Luis, con quien comenzó a salir. Él le prometió que le conseguiría trabajo en un hospital de Querétaro, así que ella se mudó a ese estado. La promesa no se cumplió.
Cristina comenzó a consumir cristal, droga que el mismo José Luis le proporcionaba. Además, la forzaba a trabajar como bailarina en el bar La Cabaña, en los límites del municipio de Apaseo El Alto y el estado de Querétaro.
La familia de Cristina se enteró e intentó convencerla de que regresara a León. En 2016 la enfermera aceptó la ayuda e ingresó a un anexo. Después de varias recaídas y de internarla en diversos lugares, su madre, María Sánchez, decidió que Cristina estaría mejor en casa. Tras varios meses, parecía que ya se había recuperado. Un día que salió a buscar trabajo, policías municipales de León la detuvieron, estaba bajo los efectos de metanfetaminas.
En la comandancia poniente —recuerda la madre de Cristina—, los mismos policías le recomendaron el anexo Nueva Creación. “Me dijeron que ellos podían trasladar a mi hija a ese lugar, para que no me arriesgara a que se volviera a ir. Yo accedí”.
Todavía no se cumplían las dos semanas, cuando María recibió una llamada telefónica del encargado del anexo. Despreocupado le informó que, durante la madrugada, su hija se había escapado. En el lugar no había cámaras de seguridad.
El 9 de marzo de 2017 fue el día que Cristina desapareció del anexo que siguió funcionando, por lo menos, hasta marzo de 2022. María no deja de hacerse preguntas: “¿Y si nunca se escapó? ¿Y si le hicieron algo? Me he torturado mucho con esos pensamientos. ¿Qué fue lo que le pasó a mi hija?”.
El caso de Cristina no es aislado. Ya en 2016 había ocurrido el de Las Joyas de León y el 28 de noviembre de 2019, un grupo armado entró al anexo de la colonia División del Norte, en Salamanca, y se llevó a Ignacio Carapia Hernández. Su madre, Juanita Hernández, murió en 2021 sin saber qué sucedió con su hijo.
En 2017, el mismo año en que desapareció Cristina, el vocero de la red de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), Nicolás Pérez Ponce, notó que los centros de rehabilitación “estaban siendo utilizados para encerrar chavitos; para atraerlos, meterlos, entrenarlos y mandarlos a delinquir”.
Hace 15 años, Pérez se dedica a la atención de personas con problemas de adicciones; desde la red de los CRUB alertó al Gobierno del estado sobre lo que sucedía en los anexos “irregulares”. Pero no hubo ninguna acción para prevenir lo que ahí pasaba.
Incluso, fue a partir de 2017 cuando se incrementó la adicción a las metanfetaminas en Guanajuato.
En Acámbaro, por ejemplo, hay dos colores que dividen al territorio: el rosa y el azul. Son los tonos con los que se marcan las metanfetaminas que vende cada uno de los cárteles que se disputan la zona.
“Esto es lo que estamos viendo con los jóvenes: empiezan con hacerlos adictos, para después ganar adeptos y seleccionar a quiénes reclutan. Si no les sirven, los matan”, dice un activista de Acámbaro que, por temor, pide no publicar su nombre.
Los datos —que representan sólo una panorámica de la realidad en las calles— muestran que, en el año 2012, sólo se atendieron a 38 pacientes por consumo de metanfetaminas en los Consejos Estatales contra las Adicciones. Ese número se elevó año con año, de acuerdo con una respuesta a la solicitud de información realizada a la Secretaría de Salud de Guanajuato.
Si se busca en la base de datos del Cenapi se encontrará que en Guanajuato hay 41 personas (37 hombres y cuatro mujeres) reportadas como desaparecidas o no localizadas y que, de alguna forma, su ausencia está vinculada con un anexo, ya sea porque se menciona que se les encontró en uno de ellos o porque se asegura que escaparon de uno de estos centros. Según los datos registrados en la base, a 39 personas se les encontró con vida y a dos se les halló muertas en la ciudad de León.
En marzo de 2017, el gobernador Márquez Márquez insistió en que los desaparecidos “se van con la novia o a trabajar a Estados Unidos”.
El Fiscal Zamarripa, quien lleva 13 años en el cargo, sigue con ese mismo discurso.
Para Raymundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, las altas cifras de personas localizadas con vida que hasta ahora presume el gobierno local en realidad son “casos de personas que regresaron por su propia voluntad”.
En 2017, contrario a lo que afirmaba el entonces Gobernador Márquez, la base de datos de Cenapi revela que ese año se disparó el porcentaje de personas que no se encontraban. Ese año sólo se registraron 337 reportes de personas desaparecidas, pero sólo se localizó al 51 por ciento y no a más del 90 por ciento que presumió por mucho tiempo el gobierno estatal.
El mismo Fiscal, más desaparecidos
Concepción Sierra comenzó la búsqueda de su hija desde el 8 de enero de 2018. La noche de ese día, Luz María —entonces de 27 años— salió a la puerta de su casa para hablar con el hombre que la pretendía; meses antes, él había llegado a la colonia Pradera del Sol, en el municipio de Juventino Rosas, después de haber sido deportado de Estados Unidos. No era raro escucharlo fanfarronear sobre su pertenencia al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Esa noche de principios de 2018, cuando Concepción sintió el viento que entraba por la puerta abierta de su casa, salió a buscar a su hija. Los vecinos le dijeron que a Luz María la aventaron al interior de una camioneta y se la llevaron.
Concepción denunció la desaparición y varios días a la semana regresaba a la Agencia del Ministerio Público a preguntar si había alguna noticia de su hija. Aún recuerda lo que le decían: “Ay señora, ya enfada. Venga dentro de una semana, quince días o un mes. ¿Piensa que su hija es la única desaparecida que hay?”
Tres años después de la desaparición de Luz María, las autoridades sólo han localizado la camioneta, llevaba contenedores para transportar combustible robado; la hallaron en el municipio de Villagrán, el territorio donde nació y sigue en operación el Cártel Santa Rosa de Lima, rival del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El hombre que pretendía a Luz María, así como su primo —que ese día manejaba la camioneta— también siguen desaparecidos. En la base de datos del Cenapi está registrada la desaparición de los tres.
Esa base de datos se cerró en junio de 2018, cinco meses después de que a nivel nacional entrara en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Los últimos casos que, en esa base, se registraron de Guanajuato corresponden a cuatro integrantes de la familia Bustos Escogido. En abril de 2018, ellos —junto con otras dos personas— fueron sacados de una fiesta que se realizaba en su domicilio, en Celaya. Desde entonces, no se sabe de ellos. Su caso es uno de varios ligados a desapariciones masivas que comienzan a presentarse en el estado a partir de 2018.
En junio de 2018, Yolanda Ramírez Domínguez fue nombrada Fiscal Especializada en Investigación del Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares en el estado de Guanajuato, sin tener alguna experiencia en el tema. Dejó el cargo en marzo de 2022.
Cuando aún era funcionaria explicó en entrevista que las carpetas de investigación se iniciaban con el sólo hecho de que alguien reportara a una persona desaparecida.
Y, además, aseguró que una vez que se presentaba una denuncia por la desaparición de una persona en el Ministerio Público, y los familiares dan información sobre el último lugar donde fue visto, sus señas particulares y una fotografía, se iniciaba “todo un protocolo para la búsqueda inmediata con presunción de vida”.
Cuando a la entonces fiscal especializada se le preguntó cuántos agentes estaban dedicados a la búsqueda de personas su respuesta fue que no tenía el dato.
El 26 de septiembre de 2018, el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo comenzó su periodo de seis años como gobernador del estado. La carrera de Carlos Zamarripa no se afectó con la llegada del nuevo gobernador ni con la reforma legal que llevó a transformar la procuraduría en Fiscalía General del Estado. El 20 de febrero de 2019, Zamarripa —quien ya llevaba una década como procurador— tomó protesta como fiscal por los siguientes nueve años. Ese año, Guanajuato se encumbró como el estado con más homicidios en todo el país.
Desapariciones masivas
A principios de octubre de 2018, en la Universidad de Guanajuato se escucharon las voces de ciudadanos y familiares de víctimas que reclamaban que se atendiera las desapariciones de personas en el estado. Eso sucedió durante el Foro Pacificación y Reconciliación en León. Algunas de las personas que entonces hablaron fueron las mismas que desde 2011 sabían lo que era buscar a un desaparecido: Evelina Guzmán, del colectivo Justicia y Esperanza y Pablo Bocanegra, del colectivo Cazadores.
También se escuchó a Patricia Soto, del Observatorio Acambarense Fray Raúl Vera, quien mencionó los nombres de jóvenes de la colonia San Isidro, en Acámbaro, que recién habían sido desaparecidos. Ellos son, dijo entonces, sólo una fracción de la “larga lista que crece con el paso de los días”.
Un par de semanas después de ese foro, el 25 de octubre de 2018, tres mujeres y dos hombres que trabajaban en palenques ya no regresaron a sus casas. Sus familiares informaron que el último lugar donde se les vio fue en un palenque de San José de Guanajuato, comunidad ubicada entre Celaya y Villagrán.
En los años siguientes, las desapariciones de personas se multiplicaron y, hasta hoy, no se detienen.
En Acámbaro, por ejemplo, el 7 de junio del 2019 desaparecieron varios limpiaparabrisas. Los familiares han podido averiguar que se los llevaron de diferentes colonias, a lo largo del día y, en todos los casos, hay una coincidencia: los transportaron en una camioneta.
“Nada más les dijeron: ‘¿quién quiere ir a un jale [trabajo] a equis lugar?’ y se los subieron”, cuenta la madre de uno de los muchachos, quien alcanzó a llamarle para contarle que con él iban, por lo menos, otros siete.
En Guanajuato hay quienes tienen a más de un pariente desaparecido.
En la familia Linaldi Mozqueda a tres de sus integrantes —la madre y dos de sus hijos, de 29 y 23 años— los desaparecieron en el municipio de Juventino Rosas, entre noviembre y diciembre de 2020.
En Salamanca, el 4 de septiembre de 2020, tres jóvenes de la comunidad Santo Tomás Huatzindeo fueron sacados de sus casas por un grupo armado cuyos integrantes llevaban rostros cubiertos y portaban uniformes similares al que usa la Guardia Nacional. En ese momento, los muchachos tenían entre 16 y 18 años; dos de ellos son hermanos, pero sus familiares no quisieron presentar una denuncia.
En Acámbaro, una mujer que pide resguardar su identidad lleva dos fechas tatuadas en el antebrazo: 2019, cuando su hijo menor desapareció junto con un tío, y 2020, el año en que desapareció su otro hijo varón. Se las tatuó para no olvidar cuándo comenzó su búsqueda. Dos meses después de que denunció las desapariciones, recibió una llamada de la Fiscalía del estado que aún la indigna:
— Señora, ¿qué sabe usted? —le preguntaron.
— ¿Qué sé yo? ¿Por qué me preguntan a mí? Los que deben saber son ustedes —contestó ella.
—Pues si sabe algo, nos avisa.
Evelina Guzmán, del pionero colectivo Justicia y Esperanza, dice: “Las autoridades han hecho caso omiso ante una situación de desaparición masiva durante más de 10 largos años; no encuentro palabras para describir su ineptitud. ¿A quién le conviene tener todo tapado?”
Ana Lorena Delgadillo Pérez, directora de la FJEDD, organización de la sociedad civil que acompaña al colectivo Justicia y Esperanza, describe la situación de Guanajuato como la de “un hoyo negro… Hay grupos del crimen organizado coludidos con el Estado; una violencia local que las autoridades tendrían que aclarar; además, hay una notable deficiencia de investigación en la fiscalía. Y eso ha sido algo histórico… Guanajuato podría haber aprendido de lo que se vivió (con el tema de los desaparecidos) en Coahuila, Nuevo León o Chihuahua. Pero, no. Guanajuato se quedó con los brazos cruzados”.
CAPÍTULO IV
Organizarse para nombrar, buscar y visibilizar
La voz de Evelina Guzmán es pausada, pero clara; sus ojos son grandes y su piel morena. Sus rasgos recuerdan a los de su hermano Samuel, quien en marzo de 2011 tenía 19 años cuando desapareció junto con los otros 22 migrantes de San Luis de la Paz que viajaban a Estados Unidos. “A las instituciones —insiste— no les convenía, no les conviene, la participación y apertura de las familias”.
La experiencia que ya tenían colectivos como Justicia y Esperanza y Cazadores ayudó a la creación de otros grupos de familiares de desaparecidos en Guanajuato.
El Foro Pacificación y Reconciliación en León, realizado en octubre de 2018, permitió que en un evento público se hablara de lo que las autoridades no querían reconocer: que en el estado había cientos de personas desaparecidas.
Después surgieron más colectivos; uno de ellos fue A tu Encuentro, creado formalmente el 7 de noviembre de 2019 y que, gracias a sus propias investigaciones ha logrado hallar con vida a, por lo menos, cinco personas.
“La Fiscalía no contribuyó para encontrarlos; lo hicimos por investigaciones del propio colectivo. La Fiscalía no está enfocada a la búsqueda con vida”, reclama Carolina Ramírez. Ella busca a su esposo Alberto Guadalupe Vázquez Ochoa, desaparecido desde el 2 noviembre de 2019.
Hasta febrero de 2022, en Guanajuato existían 15 colectivos de familiares de personas desaparecidas.
Son varios los logros que han tenido las familias organizadas. Uno de los más significativos fue conseguir que, en mayo de 2020, se aprobara la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato y que esta legislación no contemplara la categoría de “persona no localizada”.
El académico Raymundo Sandoval explica que esta categoría se utiliza para ocultar datos sobre desaparecidos. Y recuerda que antes de la ley estatal, en la Fiscalía aseguraban que sólo existían 11 carpetas por desaparición de personas en el estado, pues no habían sido clasificados como correspondía. Estaban ocultas en esa figura.
En febrero de 2020, el académico Fabrizio Lorusso ya alertaba que en Guanajuato, por lo menos 1,040 personas estaban desaparecidas y que existía un intento de ocultamiento de datos por parte de la Fiscalía.
Sandoval insiste en que “no todos los casos han sido clasificados adecuadamente. Entonces, desconocemos cuál es el número de personas desaparecidas”. Para él, es posible que en Guanajuato el número de las personas desaparecidas duplique la cifra de carpetas abiertas.
¿Cuántas personas desaparecidas hay actualmente en Guanajuato?
El dato no es fácil de conocer.
La base de datos de Cenapi cerró, para el caso de Guanajuato, con 620 personas desaparecidas hasta abril de 2018.
En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), base de datos que sustituyó al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas —que se originaba de la base Cenapi—, se señalaba que el estado tenía 2 mil 688 personas como desaparecidas y no localizadas hasta el 22 de mayo de 2022. Sin embargo, la información está incompleta, porque la Fiscalía estatal “no está actualizando los datos”, dice Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, dependencia encargada del RNPDNO.
Desde enero de 2020, cuando se presentó el RNPDNO, la titular de la Comisión Nacional mencionó que algunas fiscalías estatales, entre ellas la de Guanajuato, no habían enviado hasta ese momento la información para nutrir el registro.
Fue hasta el 24 de septiembre de 2020 cuando la fiscalía estatal realizó una “carga masiva” de datos, asegura Quintana en entrevista y remarca que en el caso de Guanajuato “sí ha habido resistencias en informar”.
En los siguientes meses y hasta septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas recibió 153 reportes realizados por particulares que subieron los datos directo al portal creado para el RNPDNO y 53 hechos por autoridades estatales.
Pese a no tener los datos actualizados sobre personas desaparecidas, “Guanajuato, junto con Jalisco, son los dos estados en donde vemos con mucha más fuerza las desapariciones actuales”, dice Quintana.
Los datos del RNPDNO muestran que en 2019, Guanajuato registró 594 personas desaparecidas; en 2020, el número fue de 652; en 2021, sólo se tenía 61 y hasta el 22 de mayo de 2022 había 17, de las cuales 15 son hombres.
Fosas que destapan la crisis
En Guanajuato, la magnitud de las desapariciones fue cada vez más evidente conforme surgían colectivos de familiares en municipios como Irapuato, León, Acámbaro, Salvatierra o Silao.
Los integrantes de esos grupos comenzaron a documentar los casos y de esa forma, lograron identificar algunos modus operandi. Entre 2018 y septiembre de 2020, por ejemplo, se registraron varias desapariciones que ocurrieron de forma similar: grupos armados —algunos vestidos con ropa tipo militar o parecida a la que utilizan las fuerzas de seguridad pública del estado— llegaban a las casas y se llevaban a los hombres jóvenes. Esos hechos ocurrieron, sobre todo, en Celaya, Pénjamo, Villagrán y en la colonia División del Norte, en Salvatierra.
Los cuerpos de algunos de esos jóvenes fueron encontrados durante 2020 en las fosas del Barrio de San Juan, en Salvatierra, y en las fosas del Cerro Prieto, en Moroleón.
El trabajo de los colectivos también ha sido vital en la identificación de fosas. Si en el pasado las autoridades estatales se negaban a aceptar la existencia de estos entierros ilegales, a partir del segundo semestre de 2020 fue imposible ocultarlos.
En agosto de 2020, los académicos Jorge Ruiz, Fabrizio Lorusso y Óscar Elton, junto con organizaciones del estado, presentaron el Informe sobre la Situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato (enero de 2009 a julio de 2020), en donde hasta ese entonces documentaron 109 fosas clandestinas, localizadas en 29 de los 46 municipios del estado. En el micrositio realizado por el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública se pueden consultar los datos actualizados hasta marzo de 2021, así como la ubicación de las 254 fosas clandestinas encontradas hasta esa fecha. Sin embargo, la fiscalía sólo reconoce diez fosas.
Entre los entierros clandestinos están los localizados en el predio Rancho Nuevo, ubicado en el Barrio de San Juan, municipio de Salvatierra, en octubre de 2020. Ahí se han encontrado, por lo menos, 66 fosas donde se hallaron 80 cuerpos.
El 2 de agosto de 2020 fue detenido José Antonio Yépez Ortiz, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. “Recuerdo que alguien me dijo que cuando detuvieran a este señor, las desapariciones iban a terminar, pero no. Siguen”, dice Olimpia Montoya, del colectivo Proyecto de Búsqueda Guanajuato.
Además de las desapariciones, en Guanajuato las familias también padecen la violencia en contra de los integrantes de los colectivos de búsqueda. El 14 de octubre de 2020, dos personas no identificadas dispararon contra Rosario Zavala Aguilar, del Colectivo Buscadoras de Guanajuato y quien buscaba a su hijo Yatziri Misael Cardona Zavala, desaparecido en diciembre de 2019. Desde julio del 2020, Rosario había denunciado dos eventos de allanamiento de su domicilio.
El 29 de mayo de 2021, Javier Barajas Piña fue asesinado. Él era hermano de Guadalupe Barajas —maestra desaparecida en Salvatierra y cuyo cuerpo se encontró en las fosas de San Juan—, integrante de un colectivo y de la Comisión Estatal de Búsqueda. Otras miembros de colectivos también han recibido amenazas.
En Acámbaro, como en otras partes de Guanajuato, el miedo también ha llevado a que algunos familiares de personas desaparecidas pidan a los periodistas no publicar su nombre. “Pareciera —dice una de esas voces— que al gobierno le conviene que la gente siga con miedo, para que no haya otros reproches de cosas que son necesarias; pareciera que debemos tener miedo”.
En ese municipio, la presencia del Cártel de Santa Rosa de Lima aún se siente, sobre todo su lucha con otros cárteles por el control de este territorio que tiene como vecino a Michoacán.
Acámbaro también es uno de los municipios que ahora está en el mapa de fosas clandestinas del país. En diciembre de 2020, en las faldas del Cerro del Toro, se ubicó una de las más grandes del estado. En el lugar se han encontrado, por lo menos, 58 cuerpos y 118 indicios. Ahí se localizó el cuerpo de Isaías Peinado Ramírez, estudiante del cuarto semestre del CBTIS; cuando lo desaparecieron tenía 17 años. Su madre fue una de las buscadoras que estuvieron en ese lugar:
“Fueron 15 días de trabajo intenso; todos los días, todos los días se sacaron siete, diez, hubo un día que sacamos 20 bolsas en un día, 20 bolsas de restos humanos”, recuerda.
Días después, cuando ella miró las fotografías de lo que se encontró en la fosa de Río Blanco reconoció el cuerpo desmembrado de su hijo por los brackets y su uniforme: “Mi hijo es el único muchacho desaparecido de aquí, de Acámbaro, que llevaba uniforme”. Nueve meses después de que se encontraron las fosas de Acámbaro, le entregaron el cuerpo de su hijo.
Es viernes por la noche y en la iglesia de San Isidro, en Acámbaro, se realiza la misa por los desaparecidos y asesinados. Entre el rosario de nombres que se escuchan está el de Fernando Gutiérrez Yépez, iba a cumplir 38 años cuando lo desaparecieron el 13 de julio del 2020.
El último viernes de cada mes, su mamá ocupa una de las bancas de la iglesia. “Venimos a hacer oración y a pedirle a Dios que sepamos algo —dice—, porque nuestro corazón está muerto. Yo quiero encontrar a mi hijo, no voy a vivir hasta que lo encuentre”.
